Se considera patrimonio documental aragonés, según la Ley 6/1986 de Archivos de Aragón, todos los documentos de cualquier época, reunidos o no en archivos, que constituyen testimonio de funciones y actividades sociales del hombre y de los grupos humanos, procedentes de las instituciones o personas ubicadas en Aragón. Además, todos los ciudadanos tienen derecho a la consulta libre y gratuita de los documentos que constituyen ese patrimonio documental de Aragón y a la información en ellos contenida, siempre que éstos cumplan las condiciones para la consulta pública que se exige en la legislación.

Archivos públicos y privados 

La misma ley diferencia entre archivos públicos y privados. Se  consideran archivos públicos los conjuntos documentales producidos, conservados o reunidos por los órganos institucionales propios de la Comunidad Autónoma y las entidades locales de su territorio, por los órganos, servicios, entidades autónomas y empresas públicas que dependen de ellos, por las personas jurídicas en cuyo capital participan mayoritariamente aquéllas y por las personas físicas o jurídicas gestoras de sus servicios públicos. 

Son privados los archivos y documentos de personas físicas o jurídicas de derecho privado que ejerzan sus funciones básicas y principales en Aragón y radiquen dentro de su ámbito territorial.

Documentos históricos

Tendrán esta consideración:

• Los documentos con una antigüedad superior a cuarenta años, de entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado.
• Los documentos con una antigüedad superior a los cien años de cualquier otra entidad particular o personas físicas. 
• Los archivos privados de las personas físicas o jurídicas a que hacen referencia los apartados anteriores, que contengan fundamentalmente documentos considerados históricos.